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Elorza comparó la SIGEN con un “Caballo de Troya” en las universidades

Bajo el título “La trampa del Gobierno Nacional ante la crisis de las Universidades”, el Dr. Enrique Elorza advirtió sobre los daños irreparables a la autonomía universitaria si los rectores permiten el desembarco de la SIGEN en las Casas de Estudio.

En un corto y claro mensaje que difundió en las redes, Elorza, coordinador del Centro de Pensamiento Crítico “Pedro Paz» de la UNSL, sostuvo que si los rectores acceden a un control interno a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) “me parece que este es el Caballo de Troya para que las universidades comiencen a perder su autonomía”.

“El Poder Ejecutivo quiere que las universidades pierdan su autonomía, no admite la diversidad, la pluralidad. Y, por lo tanto, creo que sería un gran error de parte de los rectores no ponerse firme legalmente evitando dar inicio a un período que después va a ser muy difícil de reponer, en cuanto a la autonomía que durante tantos años ha tenido la universidad pública”, señaló.

Elorza se refirió a las posturas que asumieron rectores quienes, en declaraciones públicas, adelantaron que accederían al control de la SIGEN a las universidades, a contramano de la posición que tomaron las autoridades de la UBA, quienes consideraron que la intervención de ese organismo del Ejecutivo Nacional en las universidades está reñida con lo que establece la Constitución Nacional y la Ley de Administración Pública.

“La política universitaria tiene múltiples componentes, pero me quiero referir a uno en particular y es la trampa que la ha tendido el presidente Milei a los rectores de las universidades públicas”, aclara Elorza en su mensaje. “La política universitaria, a partir del 10 de diciembre de 2023, ha consistido en: por un lado, un desfinanciamiento a los efectos de la organización y funcionamiento, como también en material salarial; por otro lado, una política de desprestigio hacia las distintas universidades inédita para una etapa de gobiernos constitucionales”, agrega.

Remarca que el presidente Milei ha tratado a los rectores de las universidades públicas de “ladrones” y que esa acusación los ha llevado a sentirse observados y a tomar decisiones que significan un retroceso en las conquistas históricas de las universidades de la Argentina. “Los rectores han asumido que, si el presidente les dice que son ladrones, entonces que vengan y los controlen”.

Pero aclara que ese razonamiento es la trampa misma, ya que la propuesta del Ejecutivo “es hacer el control a través de la SIGEN, que es un órgano creado exclusivamente para el control interno, y recibe las instrucciones del poder máximo, que es el mismo Poder Ejecutivo”. En tanto, las universidades, como son autónomas, su control lo ejerce Auditoría General de la Nación (AGN), integrada por representantes del Parlamento nacional, con sus mayorías y sus minorías. De manera tal que las directivas de la AGN provienen de un cuerpo colegiado, no del Poder Ejecutivo”.

La controversia

La opinión de Elorza incursiona de lleno en la controversia que se disparó a mediados del mes pasado cuando el gobierno, a través del Procurador General de la Nación, habilitó a la SIGEN para auditar a las Universidades Nacionales, argumentando que ese control interno -dirigido por el propio Ejecutivo- está permitido por la Ley de Administración Financiera y los Sistema de Control del Sector Público Nacional (N° 24.156), para ser aplicado en las Universidades Nacionales sin vulnerar la autonomía funcional y la autarquía administrativa- financiera, reconocidas por Constitucional Nacional, reglamentada a través de la Ley de Educación Superior 24.521.

De esa manera, según el razonamiento del gobierno, las universidades nacionales están incluidas en la Ley de Administración Financiera (LAF), sus normas reglamentarias y complementarias. Tal embestida fue “celebrada” por el presidente Javier Milei con polémicas expresiones: “Hoy salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro”.

En medio de la fuerte controversia, a fines del mes pasado la UBA recurrió a la Justicia con el propósito de que determine la competencia de la SIGEN para auditar las universidades. “Entendemos que la SIGEN no posee las competencias para auditar a las universidades, pero esto no significa que nos oponemos a las auditorías, todo lo contrario; queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones”, sostuvo el rector Ricardo Gelpi.

Las autoridades de UBA la aclararon en una conferencia de prensa que, de ningún modo, se oponen a los controles y auditorías, siempre que se realicen en el marco de la ley. Aunque rectores de universidades nacionales tomaron posiciones diferentes, tal como se pudo conocer en los últimos días.

Con el título “SÍ a las auditorias, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas” desde la UBA fundamentaron que la SIGEN “no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales”, señalaron que la Constitución Nacional “sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo” y remarcaron que las casas de altos estudios “son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional”.

En ese escrito, la UBA también recurre al artilugio presente en los relatos míticos de Homero y Virgilio -que explican cómo fue destruida legendaria ciudad de Troya-, al acusar al presidente libertario de intentar “convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica”.

No obstante, declaraciones de algunos rectores de universidades nacionales muestran otras posturas con relación a la controversia. Sin ir más lejos, autoridades de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) ponderaron los convenios con la SIGEN para brindar transparencia en los controles administrativos. Además -tal como informó Radio de la UNSL en Villa Mercedes- en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la UNSL, el rector, Víctor Moriñigo, anticipó su opinión: no oponerse a la auditoría de la SIGEN “porque no hay nada que ocultar” y que “si esto sucede, lo que propondría es que se haga a través de un convenio aprobado por el Consejo Superior”.

Autonomía y autarquía

El 29 de octubre pasado, el CIN difundió una resolución sobre el tema, en la cual ratifica que el organismo “legalmente competente” para realizar las auditorías en las universidades nacionales es la Auditoría General de la Nación (AGN), al tiempo que enfatiza en la vocación de las casas de estudios de trabajar con todos los organismos que aporten a la transparencia del uso de los recursos públicos, incluida la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), “pero siempre en el marco del respeto de la autonomía y la autarquía que la Constitución nacional garantiza al sistema y a cada universidad”.

La resolución tiene como base un informe del CIN, elaborado para despejar dudas sobre algunos conceptos como el de “autonomía” universitaria, ya que el mismo gobierno, a través de un dictamen del PTN restringió sus alcances a los espacios académicos, normativos o de funcionamiento. Destaca que la autonomía universitaria abarca, además, los ámbitos administrativos y los relativos al personal, dos aspectos esenciales ya que las libera “de contaminaciones y de doblegamientos dependentistas por parte de los gobiernos de turno. Vale decir, del Poder Ejecutivo”.

“Por ello -agrega el informe- las UUNN están por completo exentas de cualquier interferencia del Poder Ejecutivo Nacional en sus decisiones y están fuera de la órbita de ese poder del estado…”. Sostiene que, en base a la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia el control externo de las universidades nacionales “le corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN) por mandato constitucional y, el interno, a cada Universidad…”.

El análisis que hace el CIN advierte que el dictamen del PTN es un retroceso de al menos tres décadas de avances y reformas constitucionales relacionadas con las universidades, al restringir los alcances de la autonomía y la autarquía, y considera de “extrema peligrosidad jurídica” que las universidades nacionales acepten ese dictamen.

Entre las principales conclusiones del informe, se explicitan:

– Las Universidades nacionales gozan de autonomía y autarquía garantizadas por la Constitución Nacional.

– El control externo de las UUNN corresponde, indubitablemente, a la Auditoría General de la Nación (AGN)

– El control interno de las Casas de Estudios debe efectivizarse por decisión expresa de cada una de las universidades. Esto es, hay obligación para las UUNN de conformar un órgano de control interno.

– La SIGEN, tal como era antes del dictamen de la PTN que motiva esta intervención, no tiene competencia para controlar las UUNN. Nada ha cambiado normativamente y todo el sustento legal, jurisprudencial y doctrinario sobre esta materia se mantiene inalterado.

Un caballo regalado para mirarle los dientes

La comparación que se hace de la SIGEN con un “caballo de Troya” en las universidades no es una simple alusión a una figura mítica, tiene un anclaje más que real.

Poetas griegos y latinos relataron que la Guerra de Troya pudo concluir gracias a un artilugio, ideado por Odiseo (Ulises). Los aqueos construyeron un caballo de madera gigante para esconder en su interior a los guerreros más valerosos. Fingieron que se retiraban del asedio a la ciudad de Troya y dejaron ese “presente” a las orillas de sus murallas. Según las narraciones, los troyanos cayeron en el ardid, llevaron el “regalo” al interior de la ciudad, que finalmente fue saqueada y destruida.

Los poemas abundan en las descripciones de personajes y circunstancias referidos al artilugio que abrió las puertas para la destrucción de la ciudad, pese a que en las mismas filas troyanas habían advertido sobre los riesgos de confiar en el “presente” que habían dejado los griegos. Una de las que intentó prevenir la desgracia fue princesa Casandra, a quien el dios Apolo le dio el don de la profecía, pero también la condenó: nadie le iba a creer sus predicciones.

Según la leyenda, la guerra se desató por el rapto de Helena por el príncipe troyano Paris, pero en los relatos del ciclo homérico, más los que continuaron poetas latinos, se revela que los motivos reales del conflicto estaban vinculados más bien al deseo de conquista, saqueo y destrucción de la poderosa ciudad que rivalizaba con las polis griegas.

Es por eso que la figura del “Caballo de Troya”, una de las más arraigadas en la cultura occidental, encierra varios componentes: un conflicto por un supuesto fin noble que no es tal; un artilugio para entrar en sitios impenetrables; las consecuencias de desoír las advertencias y, finalmente, el triunfo de un engaño armado para la destrucción y el saqueo.

Los elementos confluyen en la figura empleada para comparar el intento del gobierno de avanzar contra la autonomía universitaria, a través de la SIGEN, su propio aparato de control. Resta saber si las advertencias que se expresan en declaraciones, informes y comunicados, sobre el peligro de abrirle las puertas a un “caballo de Troya” son escuchadas o si también arrastran la maldición de Casandra. Si esto ocurre, la consecuencia será  -como remarca Elorza- una herida profunda a la autonomía universitaria muy difícil de reparar.

Por: José Luis Baigorria