¿Reforma o retroceso? Laura Musa cuestiona los cambios a la Ley de Salud Mental
En Mientras Tanto dialogamos con Laura Musa, directora de Fundación Sur y exdiputada nacional, sobre el proyecto que busca modificar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Cuestionó los cambios que impulsa el Gobierno nacional y sostuvo que el principal problema de la normativa vigente es la falta de financiamiento. Las modificaciones proponen cambios en las internaciones, la atención de las adicciones y el seguimiento de los pacientes.
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La directora de Fundación Sur, Laura Musa, cuestionó los cambios que impulsa el Gobierno nacional, cuestionó la iniciativa del Gobierno y sostuvo que, antes de reformar la normativa, es necesario garantizar los recursos para cumplir con las obligaciones que ya establece.
Para Musa, las dificultades de implementación de la ley vigente están relacionadas con la falta de financiamiento sostenido. Consideró que el proyecto oficial no resuelve ese problema y advirtió sobre posibles retrocesos en las garantías de las personas con padecimientos mentales.
La discusión se desarrolla en el Congreso, donde el Senado avanzó con un dictamen para modificar la normativa. La propuesta incluye cambios en los criterios de internación, el funcionamiento de los servicios de salud mental y el abordaje de las adicciones.
Internaciones involuntarias: qué cuestiona Laura Musa
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el régimen de internaciones involuntarias. Musa señaló que la Ley 26.657 establece que la internación debe ser un recurso excepcional, indicado cuando no existen alternativas terapéuticas eficaces y hay una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros.
La legislación vigente también establece controles profesionales y judiciales, además del derecho a contar con asistencia letrada. El objetivo es evitar que una persona permanezca internada sin justificación médica o sin revisiones periódicas de su situación.
Musa advirtió que, a su entender, la reforma amplía las posibilidades de internación involuntaria y debilita las garantías que buscan impedir decisiones arbitrarias. También cuestionó que se modifique el criterio para evaluar la capacidad de las personas y sostuvo que debe mantenerse la presunción de capacidad, con evaluaciones individuales y respetuosas de los derechos.
El proyecto propone modificar los requisitos para indicar una internación sin consentimiento, entre otros aspectos. El alcance de esos cambios debe analizarse a partir del texto acordado en el Senado y no solamente de las primeras versiones de la iniciativa.
Hospitales generales o instituciones especializadas
Otro eje de la discusión es el modelo de atención. La ley vigente promueve que las personas con padecimientos mentales reciban atención en hospitales generales y que la internación se utilice durante el menor tiempo posible, según criterios terapéuticos. También prioriza alternativas que favorezcan la integración familiar y comunitaria.
Musa cuestionó que la reforma habilite una mayor continuidad de instituciones especializadas exclusivamente en salud mental. Desde su perspectiva, ese cambio podría sostener una lógica de aislamiento que la legislación actual busca superar.
La postura del Gobierno, en cambio, es que la ampliación de la red de atención permitiría que los hospitales generales atiendan determinados cuadros y que las instituciones especializadas reciban a pacientes con necesidades más complejas.
La discusión, por lo tanto, no se limita al lugar donde se brinda la atención: también involucra las condiciones de internación, los recursos disponibles y las garantías para evitar que una hospitalización se prolongue más allá de lo necesario.
El financiamiento, una de las principales deudas
Para Musa, modificar la ley no resuelve las dificultades que atraviesa el sistema si no se destinan recursos suficientes a su implementación. La directora de Fundación Sur señaló que en Argentina existe una comunidad de profesionales especializados y organizaciones de familiares y personas con padecimientos mentales que trabajan en el área.
Sin embargo, advirtió que la falta de dispositivos de acompañamiento, viviendas con apoyo y alternativas de atención comunitaria puede impedir que una persona continúe su recuperación fuera de una institución.
Como ejemplo, mencionó los casos de pacientes que reciben el alta médica, pero no cuentan con una vivienda o una red de apoyo que les permita regresar a la comunidad. Según explicó, esa situación puede prolongar su permanencia en un establecimiento por razones sociales y económicas, aun cuando ya no necesiten internación.
La Ley 26.657 establece que una internación no debe prolongarse para resolver problemas sociales o habitacionales y que el Estado debe proveer los recursos adecuados para esas situaciones.
Adicciones y ludopatía: un punto que requiere atención
Musa también planteó la necesidad de abordar los consumos problemáticos y las adicciones, con especial atención a las infancias y adolescencias. En particular, alertó sobre la expansión de las apuestas en línea y la captación de jóvenes por parte de plataformas con gran capacidad económica.
La especialista sostuvo que la ludopatía puede tener consecuencias que exceden el juego y afectar otras dimensiones de la vida de los adolescentes.
En este punto, es importante distinguir las críticas a las primeras versiones del proyecto de la redacción que avanzó en el Senado: la versión acordada mantiene el abordaje de las adicciones dentro de las políticas de salud mental y contempla también las problemáticas que no están vinculadas al consumo de sustancias, como la ludopatía.
“No negociar salud, discapacidad ni educación”
Hacia el final de la entrevista, Musa pidió que la salud mental no quede subordinada a acuerdos políticos o electorales. Consideró que las provincias y sus representantes en el Congreso deben priorizar la protección de derechos y exigir los recursos necesarios para que las políticas públicas puedan llevarse adelante.
También cuestionó la escasa presencia del tema en el debate público y señaló que las discusiones suelen cobrar relevancia cuando aparecen casos conocidos, sin que necesariamente se expliquen los alcances y las garantías de la ley.
Mientras el Congreso avanza con el tratamiento de la reforma, el debate enfrenta dos cuestiones centrales: cómo responder a las dificultades que existen en la atención de la salud mental y cómo hacerlo sin debilitar los derechos de las personas que necesitan tratamiento.
Conducción: Matías E. Videla Operación: Magalí Martín Degiorgi Operación Técnica: Martín Pagliero Radio UNSL Villa Mercedes 97.5 FM